El Comunicado
Desde las Facultades de Artes y Diseño, Filosofía y Letras, Ciencias Políticas y Sociales, Educación, Ciencias Aplicadas a la Industria y Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo, expresamos nuestra preocupación a raíz de la decisión tomada por la Dirección General de Escuelas respecto de la supresión de convenios y la consecuente quita de subsidios a los proyectos educativos de gestión social del “Bachillerato Popular Violeta Parra”, “La Escuela Campesina de Agroecología” y el “CENS Alejandra Soto” de la Casita Trinitaria.
Tales instituciones funcionan en el marco del reconocimiento, autorización y supervisión del Estado, tal como plantea la Ley de Educación Nacional (Artículos 8, 13 y 14) y constituyen espacios que posibilitan el ejercicio del Derecho a la Educación reconocido por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales.
En tanto instituciones educativas reconocemos la función social y educativa que cumplen estos centros educativos que permiten el acceso a la educación de jóvenes y adultos de sectores vulnerados e históricamente excluidos del sistema educativo, gestionadas por colectivos en forma cooperativa y solidaria, organizaciones y movimientos sociales en diálogo permanente con la Universidad a través de proyectos y programas de Extensión e Investigación. Estas iniciativas a su vez nuclean a las comunidades como protagonistas en actividades sociales, de capacitación, artísticas y culturales que posibilitan la transformación de su realidad.
En el contexto de la pandemia, los centros educativos de gestión social llevaron adelante no solamente las acciones educativas, sino que se constituyeron en espacios de asistencia y contención social, enfrentando las numerosas dificultades y adversidades derivadas de la difícil situación socio, económica y sanitaria.
Mención especial requiere la Modalidad de Jóvenes y Adultos en tanto constituye una de las garantías del ejercicio del derecho a la educación a lo largo de toda la vida. La Ley de Educación Nacional, en su Art 8 señala que "La educación brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover en cada estudiante la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los valores de libertad, paz, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común". No existe ninguna duda en cuanto a que la educación de jóvenes y adultos en el marco del aprendizaje a lo largo de toda la vida es un factor decisivo para el desarrollo económico y social.
Es así como la Educación de Jóvenes y Adultos trabaja con una amplia “diversidad y heterogeneidad de sujetos”; en ella siempre es “posible y necesario pensar y desarrollar estrategias que aumenten las posibilidades de participar en el sistema educativo a aquellos que han sido circunstancialmente excluidos”. Muchos de sus estudiantes cargan con el peso de sentirse "marginados pedagógicos” y pertenecen a sectores sociales subordinados.
“Los espacios formativos de la Educación de Jóvenes y Adultos, como institución de lo público, se constituyen en el ámbito donde quienes lo transitan (adolescentes, jóvenes y adultos desde sus diversidades culturales, religiosas, étnicas, ideológicas, sexuales) pueden hacer su inscripción en un registro social simbólico y reconocerse como sujetos que, individual y colectivamente, tienen derecho a una ciudadanía activa.” (Aporte Documento Cátedra de Educación Permanente de la Carrera de Ciencias de la Educación)
Como instituciones formadoras de docentes, comprometidas con la educación pública, prestamos especial atención a experiencias socio-educativas en tanto construcciones en pos de una sociedad más justa, democrática e igual para todos. Por ello, enfatizamos nuestra preocupación frente a decisiones de tal carácter, que se contraponen a políticas de ampliación de derechos y esperamos que se constituya una mesa de diálogo y trabajo que posibiliten una evaluación conjunta, una planificación de las acciones y una proyección a corto y mediano plazo, que permitan situar y valorar estas propuestas educativas en los territorios o comunidades para las que tienen sentido, en las que se erigen como espacios posibilitadores de futuro, de ejercicio de “un derecho que da derechos” como es la educación.
