La movilización, masiva y pacífica en todo el país, se desarrolló en el marco de la democracia y del respeto a las instituciones. El reclamo es claro: el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y ratificada por la Justicia. Responder con violencia a una demanda legítima no resuelve el conflicto; lo agrava, y desplaza la atención de lo que está en discusión: una ley vigente que no se cumple.

Garantizar el derecho a la protesta y a la libre expresión es una condición del funcionamiento democrático. Por eso, acompañamos a quienes fueron reprimidos y reafirmamos nuestro compromiso con el sistema universitario argentino. Seguiremos defendiendo la Universidad Pública, en las aulas y en las calles, hasta que la Ley de Financiamiento Universitario se cumpla.